Escuelas protegidas: cuando la seguridad se vuelve castigo Dra. Macarena Morales, investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

 

Cada vez que un hecho grave de violencia escolar irrumpe en la agenda pública, el debate político tiende a centrarse en la conmoción, la urgencia y la búsqueda de respuestas más severas. Ese libreto reaparece hoy con el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que propone revisión de mochilas, registros policiales a niños, niñas y adolescentes, y la inhabilidad temporal para acceder a la gratuidad en educación superior.

El problema no es que el Estado busque proteger a las comunidades educativas. Eso es indispensable. La cuestión es cómo hacerlo. Una opción es fortalecer las capacidades de las escuelas para enfrentar mejor los desafíos de la convivencia. Otra, muy distinta, es trasladar la idea de protección hacia una lógica de autoridad sostenida en la sospecha, la vigilancia y el castigo.
La comparación con la Ley 21.809 sobre Convivencia, Bienestar y Buen Trato es reveladora. Esa ley permite incorporar tecnologías de seguridad, con el acuerdo del Consejo Escolar. “Escuelas Protegidas”, en cambio, desplaza el eje hacia medidas unilaterales, otorgando al sostenedor facultades en materias sensibles como la revisión de pertenencias y vestimentas. En una, la autoridad se construye con la comunidad; en la otra, con reacción punitiva.
La evidencia tampoco avala este libreto: Aula Segura no resolvió en el largo plazo los problemas que la motivaron, pero sí multiplicó las expulsiones. “Escuelas Protegidas” insiste en esa dirección y, además, exige nuevas capacidades de reacción y control sin financiamiento adicional, justo cuando el Mineduc enfrenta un recorte de 3%, lo que podría afectar apoyos psicosociales, preventivos y formativos que las escuelas necesitan.
La investigación científica en Chile muestra algo que tensiona este debate: incluso en contextos críticos, los liceos que mejoran no lo hacen con más cerrojos, sino con liderazgo cercano, equipos especializados, sanciones justas y vínculos colaborativos con el territorio. Si de verdad queremos escuelas protegidas, el camino no es cargar a las comunidades educativas con más control, sino darles mejores condiciones para sostener una autoridad pedagógica sin profundizar la exclusión.