Según la ENUSC, la región de Atacama tuvo una considerable baja en los delitos de mayor connotación social en el año 2019, y es una buena noticia. Fueron más de 5 mil los hogares que dejaron de ser víctima de un delito. Y eso es gracias al trabajo incansable de Carabineros, la Policía de Investigaciones, y la acción del Gobierno del Presidente Piñera.
Sabemos que falta mucho por hacer. Lamentablemente, el alto consumo de drogas está afectando a muchos niños y jóvenes y, además, ese consumo está comenzando a más temprana edad. Sabemos que la droga causa sufrimiento al que la consume, a su familia, y a su entorno, porque destruye nuestra capacidad de pensar, de sentir, y nos convierte en esclavos.
De hecho, muchos de los delitos se cometen bajo los efectos de la droga o para obtener recursos para adquirir drogas, y el delito en torno a ella generalmente es organizado. Por su parte, la violencia del crimen organizado ha ido en aumento, lo que puede deberse al cierre de fronteras, y la disminución de la movilidad que dificulta el abastecimiento y accionar de bandas de Narcotraficantes.
Por eso, el Presidente Piñera anunció el ingreso de un proyecto de ley que modificará la Ley 20.000 (Drogas), para fortalecer la persecución, y así aplicar todo el rigor en contra de quienes
conforman organizaciones dedicadas al narcotráfico, poniendo especial acento en limitar su capacidad económica. En palabras simples, queremos atacar su economía y poner sus recursos
y bienes a disposición de las policías que combaten el narcotráfico o en beneficio de la comunidad.
Entre las principales modificaciones está posibilitar, en casos calificados, la enajenación temprana de los bienes incautados, sin esperar el fin del proceso penal como condición para
iniciar los trámites; y que los bienes incautados puedan ser destinados a las unidades policiales que combatan el narcotráfico, de man era de optimizar sus capacidades. Además, dentro del
catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero, sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, se incluirá a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados. A los condenados por tráfico los obliga a restituir los beneficios otorgados por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se sancionará tanto el hecho de suministrar drogas a terceros sin su consentimiento, como el delito cometido a consecuencia de esta administración de sustancias prohibidas.
Tenemos la certeza de que los padres van a ser nuestros mejores aliados en esta causa de combatir la droga y proteger mejor a nuestros niños y jóvenes, y también que la unidad convertirá este proyecto de ley en una realidad para que podamos aplicar cuanto antes mano dura contra la droga.
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